Day Vásquez firmó con la Fiscalía principio de oportunidad con inmunidad total
El acuerdo será legalizado ante un juez.
La Fiscalía General de la Nación firmó en las últimas horas un principio de oportunidad con Daysuris Vásquez, en el marco del juicio contra Nicolás Petro.
El principio firmado le otorga a la expareja del hijo del Presidente Gustavo Petro, inmunidad total por 2 años.
Este miércoles fue fue radicado dicho principio de oportunidad ante el Centro de Servicios de la ciudad de Barranquilla, con el fin de que se le imparta legalidad por un juez de la República. Daysuris Vásquez fue imputada por la Fiscalía General de la Nación, en audiencias concentradas realizadas entre el 30 de julio y el 4 de agosto, como coautora del delito de lavado de activos en la modalidad de adquirir, invertir ,administrar, almacenar, ocultar, encubrir y dar apariencia de legalidad al dinero producto del delito de enriquecimiento ilícito, esta última conducta, realizada por su esposo, Nicolas Petro Burgos.
También le fue atribuido el delito de violación de datos personales. Daysuris Vásquez recibió una medida no privativa de la libertad, según lo solicitado por la Fiscalía.
El principio de oportunidad radicado el día de hoy le daría a Daysuris Vásquez inmunidad total para que el ejercicio de la acción penal se suspenda por un lapso de dos años respecto a los delitos de lavado de activos y violación de datos personales, también por las conductas de interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación, ambas conductas en calidad de interviniente
La firma de este principio de oportunidad se argumenta en dos causales: primero, la información brindada por Daysuris posibilitó que el delito de lavado de activos dejara de ejecutarse y por otra parte se comprometió a declarar contra Nicolas Petro Burgos y otras personas que estarían involucradas en las conductas delictivas mencionadas.
La Fiscalía resaltó la colaboración de Daysuris Vásquez constituye una condición sin la cual no hubiera sido posible tener conocimiento de graves atentados que se habrían cometido contra los bienes jurídicos del orden económico-social, la administración pública, la fe pública, la información y los datos personales.